De: Celia Zafra [czafra@a-i.es]
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2002 12:04
Asunto: AMINA LAWAL CONTINUA EN PELIGRO DE SER LAPIDADA - LAPIDACIONES Y OTROS CASTIGOS CORPORALES





Comunicado

Amnistía Internacional pide que siga la recogida de firmas

Amina Lawal continúa en peligro de ser lapidada

Amnistía Internacional quiere hacer un llamamiento a la sociedad civil para que continúe la campaña de recogida de firmas contra la lapidación de Amina Lawal, la mujer nigeriana de 30 años condenada a muerte el pasado 22 de marzo por un Tribunal de la Sharia de Bakori, en el Estado de Katsina.

La página de internet a la que se pueden enviar las firmas es www.amnistiapornigeria.org

Hasta el momento se han recogido 340.000 firmas. En el caso de Safiya Hussaini se alcanzaron más de 600.000 adhesiones.

Amnistía Internacional expresa su gran preocupación por la marcha del proceso contra Amina Lawal, ya que el Tribunal de Apelación de Funtua, en el Estado norteño de Katsina, todavía no ha escuchado ni examinado su apelación.

Aunque la primera vista de apelación fue fijada para el 27 de mayo en dicho Tribunal, ya ha sido pospuesta dos veces; la primera al 3 de junio y la segunda para el 8 de julio.

El pasado 30 de mayo Amnistía Internacional pidió oficialmente a la presidencia de la Unión Europea que emprendiera gestiones ante el Gobierno de Nigeria para que intercediese en el caso. La UE todavía no ha dado respuesta alguna a la organización.

Esta misma semana, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, envió una carta al gobernador del Estado de Katsina instándole a mediar en la absolución de la acusada.

El viernes 22 de marzo el Tribunal de la Sharia de Bakori sentenció a  Amina Lawal a muerte después de que ella confesara haber tenido una niña mientras estaba divorciada. El supuesto padre de la niña, nacida fuera del matrimonio, negó haber mantenido relaciones sexuales con ella y los cargos contra él fueron desestimados. Amina Lawal no tuvo representación legal durante las dos vistas previas a la sentencia celebradas el 13 y 20 de febrero del 2002. Posteriormente recurrió el fallo con la ayuda de un abogado contratado por Baobab, una organización nigeriana de defensa de los derechos de las mujeres.

      A pesar de que el abogado de Amina Lawal pidió que el Tribunal estudiase la apelación lo antes posible, la vista ha sido pospuesta en dos ocasiones y los miembros del tribunal expresaron su intención de retrasarla incluso hasta el 2003. Semejante aplazamiento sólo serviría para empeorar el clima de incertidumbre que se ha evidenciado en todo el proceso.

El pasado 3 de junio el Tribunal revisó la condiciones de libertad de Amina Lawal, que se encontraba retenida en un centro de mujeres y tenía que presentarse ante el tribunal cada 15 días. El abogado ha logrado que Amina no tenga que pernoctar en el centro ni presentarse quincenalmente ante el tribunal a cambio de que permanezca bajo la tutela de un hombre de su familia o "garante".

       
Amnistía International hace un llamamiento a las autoridades nigerianas para que:
 

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte y lucha por asegurar juicios justos y rápidos; destaca la injusta naturaleza de muchos de los juicios que han tenido lugar hasta ahora (como el de las menores Bariya Ibrahima o Adama Yunusa, que no contaron con abogado en sus procesos. Ambas jóvenes fueron sentenciadas a 100 latigazos por mantener relaciones prematrimoniales. Bariya Ibrahima ya ha sido flagelada y la sentencia de Adama se ejecutará en agosto, después de que dé a luz);  para Amnistía Internacional estos procesos y las sentencias que originaron son injustos y violan las normas internacionales de derechos humanos.

Para más información. Marta Rodríguez : 91 310 12 77 ext. 25



Amnistía

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Telf.: + 34 91 310 12 77   Fax: + 34 91 319 53 34   E-mail: amnistia.internacional@a-i.es   Web: www.a-i.es



Afganistán
Bajo el régimen talibán durante el 2001, los tribunales de la sharia impusieron penas crueles, inhumanas o degradantes. De las personas condenadas a penas de flagelación (al menos 30) 20 fueron mujeres, la mayoría acusadas de adulterio. Al menos a tres personas les amputaron alguna extremidad por robo, aunque se estima que la cifra real fue superior. Los talibán impusieron severas restricciones al derecho de las mujeres al empleo, la educación y a la libertad de circulación, y para asegurar su cumplimiento a menudo las mujeres eran golpeadas si estaban fuera de su domicilio sin que las acompañara un familiar cercano varón o si su vestimenta no seguía las estrictas normas indumentarias.

La lapidación fue aplicada en el 2000 al menos a una mujer.

Arabia Saudí
En el 2000 se tuvo noticias de 34 casos de amputación y se impusieron con frecuencia penas de flagelación para una variedad de delitos. En agosto del 2000 se extirpó quirúrgicamente el ojo izquierdo de un ciudadano egipcio en cumplimiento de una pena impuesta en un tribunal de Medina que lo había declarado culpable de arrojar ácido a la cara de un compatriota y causarle daños en el ojo izquierdo. En el 2001 se aplicaron flagelaciones y otros castigos corporales judiciales y extrajudiciales.

En el 2000 se ejecutaron al menos a 123 personas, la mayoría extranjeros (71). Algunas personas fueron condenadas por delitos que no habían tenido consecuencias mortales como sodomía, contrabando de drogas y hechicería. El cuerpo de un ejecutado fue crucificado en Yizán. En el 2001 fueron ejecutadas al menos 79 personas, aunque no se dispone de información sobre la modalidad.

En Arabia Saudí la legislación penal inspirada en la sharia impone muerte por lapidación a las personas condenadas por adulterio.

Brunéi Darussalam
Los azotes con vara siguieron siendo prescriptivos para delitos de narcotráfico y de otra naturaleza como el vandalismo.

Emiratos Árabes Unidos
En el año 2000 se impusieron penas crueles, degradantes o inhumanas como la flagelación al menos a 18 personas, 11 de ellas en el emirato de Fuchaira. Diez se impusieron al parecer por adulterio y 11 de las 18 personas condenadas eran de nacionalidad extranjera. Durante el año 2001 se impusieron al menos 18 condenas de flagelación, al parecer todas ellas por adulterio; excepto en dos casos, las víctimas eran ciudadanos extranjeros juzgados ante tribunales islámicos de Fuyaira y Dubai.

En el 2000, al menos 15 personas, todas ellas extranjeras, fueron condenadas a muerte bajo diversas modalidades. Entre ellas una ciudadana indonesia a la que un tribunal islámico del emirato de Fuchaira condenó a muerte por lapidación tras confesar que había cometido adulterio. En abril se le conmutó la pena por un año de prisión y expulsión del país. En el 2001, al menos dos personas fueron condenadas a muerte por tribunales islámicos, aunque no se dispone de información sobre la modalidad.

Irak
Las autoridades aprobaron a mediados del 2000 la aplicación de penas de amputación de la lengua por calumnias u observaciones ofensivas sobre el presidente o su familia.

Continuó durante el 2001 aplicándose ampliamente la pena de muerte. En noviembre, el Consejo del Mando de la Revolución, órgano ejecutivo supremo del país, dictó un decreto por el cual se castigaban con la pena de muerte la prostitución, la homosexualidad, el incesto y la violación. También se estipulaba en él que quienes fueran declarados culpables de ofrecer alojamiento para ejercer la prostitución serían ejecutados, utilizándose para ello la espada. Según informes, en los dos últimos años se había decapitado a varios hombres y mujeres por presunta prostitución y proxenetismo, normalmente sin juicio formal y, a veces por motivos políticos.

Irán
        Según la información disponible, en el 2000 se impusieron al menos 49 penas de flagelación, en muchos caso por "baile depravado", y 10 de amputación, en varios casos por robo. En el 2001 se aplicaron penas de flagelación al menos a 285 personas. No obstante, es posible que las cifras reales fueran mucho más altas.

        Durante el 2000 se ejecutó a 75 personas, aunque se teme que la cifra haya sido superior. En el 2001 se ejecutaron 139 personas, entre ellas un menor de edad; al menos dos de ellas fueron lapidadas y otra, decapitada. En el año 2002 al menos dos mujeres han sido sentenciadas a morir por lapidación.

        El Código Penal de Irán prescribe la muerte por lapidación para los delitos Hodoud (aquellos para los que la pena está establecida y no se deja a la discreción del tribunal) como el adulterio y la prostitución. El Código es muy específico respecto del tipo de piedras que hay que utilizar: "[...] las piedras no deben ser ni tan grandes como para que la persona muera de una o dos pedradas ni tampoco tan pequeñas como para que no puedan ser consideradas piedras".

Malasia
Durante todo el año 2001 se impusieron como castigo adicional a las penas de cárcel los azotes con vara.

Nigeria
La nueva legislación penal inspirada en la Sharia que entraron en vigor paulatinamente en 12 Estados nigerianos a partir de enero del 2000 introdujeron penas como la amputación de miembros y la flagelación para delitos como el consumo de alcohol y hurtos. Bariya Ibrahima Magazu, menor de 17 años que había tenido un hijo, recibió 100 latigazos con una vara en el Estado de Zamfara tras haber sido declarada culpable de mantener relaciones sexuales prematrimoniales. Adama Yunusa, mujer de 16 años, ha sido sentenciada a 100  latigazos por relaciones pre-matrimoniales. La flagelación se ejecutará en agosto luego que dé a luz.

Durante el año 2001 se impusieron al menos tres condenas de muerte en aplicación de las leyes penales inspiradas en la Sharia. En septiembre, Attahiru Umar fue condenado a muerte por lapidación en el Estado de Kebbi. Había sido declarado culpable del cargo de homosexualidad en relación con el abuso sexual de un menor. Safiya Hussaini fue condenada por adulterio a morir lapidada. En marzo del 2002, tras una fuerte presión internacional, fue absuelta. Ese mismo mes otra mujer, Amina Lawal, fue condenada a morir lapidada por adulterio. La apelación sigue sin ser examinada.

La nueva legislación basada en la Sharia introdujo la pena de muerte preceptiva para adulterio, que anteriormente no era punible con la pena capital, y permite la aplicación de la pena máxima para otros delitos sexuales de forma discrecional.

Pakistán
Se dictó bajo un tribunal islámico la condena a muerte por lapidación contra una mujer en el 2002.

Singapur
Durante el año 2000 y 2001 los azotes con vara continuaron siendo preceptivos para unos 30 delitos.
Somalia
En abril del 2000 un tribunal islámico en la región del Bajo Shebelle, declaró a una mujer culpable de un delito contra la moral y la condenó a muerte por lapidación, pero la pena no se ejecutó por estar la víctima embarazada. En el 2001 se siguieron dictando penas de muerte y, según los informes se llevaron a cabo ejecuciones.

En el 2000 en un creciente número de zonas se formaron tribunales islámicos locales con milicias propias. Estos tribunales impusieron penas de muerte, que se ejecutaron inmediatamente, y de flagelación.

Sudán
Se dictaron en el 2001 al menos 26 penas de muerte en Darfur, entre ellas fue sentenciada a muerte por lapidación Abok Alfa Akok, de religión no musulmana, declarada culpable de adulterio. En el 2002 se le suspendió la pena de lapidación y se le conmutó por 75 latigazos, pena que fue ejecutada inmediatamente.

El Código penal de Sudán, basado en la interpretación de la Sharia (ley islámica), incluye penas tales como amputación de miembros, muerte por lapidación y muerte por crucifixión. Así, la sentencia por robo armado es amputación cruzada (amputación de la mano derecha y el pie izquierdo) y la sentencia por adulterio es muerte por lapidación.

Trinidad Tobago
En el 2000 se dictaron sentencias de castigos corporales, aunque no llegaron a ejecutarse.

Yemen
En el 2000 y 2001 continuaron imponiéndose penas de flagelación por delitos de naturaleza sexual, consumo de alcohol y difamación.



Nota: Existen otros países cuya legislación sigue estipulando penas de castigo corporal, pero en los que no se han dictado sentencias en los dos últimos años que impongan tales penas, o sobre los cuales Amnistía Internacional no ha documentado tales hechos. En el Informe sobre Tortura (Indice AI: ACT 40/13/00/s) lanzado en octubre del 2000, Amnistía Internacional sostuvo que, desde 1997, nuestra organización había documentado casos de flagelación judicial en 14 países y de amputación en 7. Las penas judiciales de castigo corporal estaban incluidas en las leyes de al menos 31 países. Estas penas, en el momento de lanzarse el informe del 2000, habían sido abolidas o declaradas inconstitucionales en cuatro países desde 1997 (Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Zambia) e introducidas en un país (Nigeria).



Celia Zafra Cebrián
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