Adjunto les envío el comunicado de prensa hecho público hoy con motivo del
lanzamiento internacional del nuevo informe de AI "El legado mortal de
Guatemala", celebrado esta mañana en Madrid.

Para cualquier consulta, no duden en contactar con nosotros.

Atentamente

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Centro de documentación: http://www.edai.org/centro
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Embargado hasta las 12:00 horas GMT del 28/02/2002

COMUNICADO DE PRENSA

Amnistía Internacional lanza hoy este nuevo informe internacional desde
Madrid

Guatemala: El legado mortal de la impunidad

El empresario Edgar Ordonez Porta «desaparecio» en mayo de 1999. Poco
despues se encontro su cuerpo mutilado. Las investigaciones hechas por su
hermano Hugo indican que los autores de la muerte pueden haber sido miembros
del ejercito cuyos intereses economicos se veian amenazados por el pequeno
negocio de refineria que acababan de abrir los hermanos. El ejercito ofrecio
ayuda a Hugo Ordonez para encontrar a su hermano con la condicion de que su
periodico dejara de criticar al gobierno. Las investigaciones del ejercito
no llegaron a ninguna parte, y Hugo Ordonez se convencio de que la «ayuda»
ofrecida por el ejercito en realidad pretendia desviar la investigacion.
Despues, el y su familia tuvieron que huir del pais temiendo por su
seguridad.

Madrid/Londres.- El caso de Edgar Ordóñez es un claro ejemplo de las
violaciones de derechos humanos que se cometen en la Guatemala actual en el
marco del llamado «Estado de Mafia Corporativa», en el que ciertos agentes
económicos, como filiales de corporaciones multinacionales, actúan en
connivencia con sectores de la policía y el ejército y con delincuentes
comunes para lograr intereses económicos mutuos y luego conspiran con estas
mismas fuerzas para eliminar e intimidar a quienes se interponen en su
camino, saben demasiado o intentan investigar sus actividades.

En un informe que se presenta hoy en Madrid, Amnistía Internacional
relaciona este fenómeno, y otros problemas endémicos de Guatemala, con el
hecho de que nunca se ha abordado el tema pendiente de las violaciones
masivas de derechos humanos perpetradas durante el largo conflicto civil del
país.

«La matanza de miles de indígenas y las graves violaciones de derechos
humanos sufridas por muchos más durante las operaciones de contrainsurgencia
nunca se han abordado adecuadamente, y los responsables a todos los niveles
continúan en libertad y ejerciendo el poder en la Guatemala actual», ha
manifestado Amnistía Internacional.

«Esto transmite a quienes están en el poder el mensaje de que pueden
asesinar sin que pase literalmente nada, y abona el terreno para nuevos
abusos», añadió la organización, subrayando que quienes luchan en favor de
la justicia, sean sobrevivientes de las atrocidades, familiares de las
víctimas, defensores de los derechos humanos o miembros de la judicatura,
corren especial peligro.

En este contexto, las víctimas de violaciones de derechos humanos son los
más pobres entre los pobres, a menudo indígenas, que viven en zonas remotas
donde se cometieron las peores atrocidades y en las que existen fuertes
intereses que se alían para proteger actividades ilegales lucrativas. Las
reiteradas matanzas perpetradas en el pueblo indígena de Río Negro entre
1980 y 1982 y que se destacan en el informe muestran cómo los intereses
económicos también desempeñaron su función en el genocidio. Posiblemente se
eligió la zona de Río Negro porque sus tierras se querían utilizar para la
construcción de una presa hidroeléctrica en la que, según los informes,
tenía intereses el ejército.
«El sistema de justicia de Guatemala continúa fallando al pueblo, que a su
vez está perdiendo la fe en su capacidad de hacer justicia», ha señalado
Amnistía Internacional, añadiendo que el aumento de las tasas de
criminalidad y los numerosos casos de personas que se toman la justicia por
su mano no son más que una de las consecuencias de esta falta de justicia.

Otra herencia de los años del conflicto es el prolongado sufrimiento
psicológico, en la mayoría de los casos no tratado, de quienes padecieron o
presenciaron atrocidades como violaciones en masa, o sufrieron la
«desaparición» de familiares y viven en la larga agonía de no saber si están
vivos o muertos.

«Para que la historia no se repita, y para que Guatemala por fin pueda dejar
atrás su terrible pasado, es fundamental abordar el legado de impunidad de
las violaciones de derechos humanos actuales y las cometidas en el pasado»,
añadió la organización.

«Hasta que se emprenda un proceso de reforma de raíz de la judicatura
guatemalteca para ajustarla a las normas internacionales, y hasta que se
haga llegar claramente el mensaje de que no se tolerará ni quedará impune
ningún abuso contra los derechos humanos, no puede haber una paz real y
duradera en Guatemala.»

Éstas son las recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades
guatemaltecas:

- aplicar los elementos del Acuerdo de Paz que se refieren a los
derechos humanos y el Estado de derecho, así como las recomendaciones de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico sobre la investigación de las
violaciones de derechos humanos, lo cual incluye determinar el destino de
los «desaparecidos», incluidos los niños de los que se perdió el rastro
durante el conflicto y que pueden haber sido adoptados legal o ilegalmente
en Guatemala o en el extranjero, y proporcionar reparaciones a las víctimas,
incluidas las que fueron violadas u objeto de otros abusos sexuales por
parte de las fuerzas de seguridad;
- establecer un programa eficaz de protección para el personal
judicial y los testigos de casos contra la impunidad;
- garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos
para que puedan llevar a cabo su importante labor y establecer la figura de
un fiscal especial que investigue las amenazas y abusos de que son objeto;
- asegurarse de que los organismos encargados de hacer cumplir la
ley respetan las normas internacionales de derechos humanos, que se
desmantelan todos los «escuadrones de la muerte», ejércitos privados y
fuerzas paramilitares, y que aquellos entre sus miembros que sean
responsables de violaciones de derechos humanos son puestos en manos de la
justicia.

*** Amnistía Internacional presenta hoy también un documental de 28 minutos,
titulado Exhumando la verdad, que cuenta la historia de Dominga Sic Ruiz
(cuyo actual nombre es Denese Becker), que sobrevivió cuando era niña a la
matanza de 1982 de su comunidad nativa de Río Negro y fue adoptada más tarde
en Estados Unidos. Al llegar a la edad adulta decidió volver a Guatemala
para enfrentarse con su pasado, buscar a sus familiares y pedir justicia y
reparación por las atrocidades sufridas por su pueblo. \FIN
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